El oficialismo impulsa un proyecto en el Senado para declarar a Internet como «servicio público»

Tras el mensaje del Presidente, un senador del Frente de Todos confirmó que la iniciativa llegará al Congreso nacional. Los detalles

Esta semana, el presidente Alberto Fernández volvió a alimentar las tensiones entre el Gobierno y las empresas de telecomunicaciones, al señalar en un acto de campaña que «Internet será un servicio público, para que no nos estafen ni nos roben con las tarifas».

El anuncio de Fernández generó críticas y advertencias desde el sector empresario. Sin embargo, el oficialismo está listo para avanzar. El senador nacional del Frente de Todos Alfredo Luenzo afirmó este miércoles que presentará un proyecto de ley para «declarar a Internet como servicio público esencial».

En el inicio de una reunión de la comisión de Medios de Comunicación del Senado, que él mismo preside, en la que vienen tratando desde hace varias semanas la necesidad de regular los contenidos en las plataformas de Internet, Luenzo apoyó la postura que el Presidente ratificó este lunes.

«El Estado debe estar presente en conectividad para equilibrar la ecuación. Más aún frente al fracaso del modelo neoliberal macrista, que nos dejó un acceso a internet concentrado en Buenos Aires y las grandes urbes y un pésimo servicio y encima caro en el interior», indicó Luenzo en su cuenta de Twitter.

Asismismo, declaró su «acompañamiento firme» a la intención del Presidente, que «se va a ver traducido en el día de hoy con la presentación de un proyecto de ley. Esto implica un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el presidente de ir por un marco normativo legal, firme, robusto, y que realmente el acceso a internet sea una realidad, no solamente en Capital, sino en todos los rincones de la Argentina».

Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut, impulsa el proyecto.

Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut, impulsa el proyecto.

Internet como un servicio público: anuncios y tensiones

«Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que Internet es un servicio público… ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas», afirmó este lunes Alberto Fernández, en la presentación del plan Argentina Programa, y así reavivó la disputa entre el Gobierno y las empresas telco.

«Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores y en el fondo lo que les proponen es que salgan a la calle y luchen contra los que les dijeron que se queden en sus casas pero que dejen que todo lo demás siga funcionando como estaba; esa libertad es libertad para algunos y catástrofe y penuria para millones», consideró el Presidente.

Los dichos se dieron en el contexto del lanzamiento del plan Argentina Programa que busca capacitar en programación a 60.000 jóvenes de todo el país y se incluyen subsidios de $100.000 para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet.

De esta manera, Alberto Fernandez apretó el acelerador sobre la promesa de declarar servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga.

Alberto ratificó su decisión de que Internet y la conectividad sean «servicios públicos» y reaviva la polémica

Empresas advierten que habrá menos inversiones

Lo había hecho el año pasado a través del decreto 690 en medio de la pandemia del coronavirus, pero las empresas telco argumentaron por distintos medios lo nocivo de la medida.

Por ejemplo, las empresas aseguran que DNU alejará y ahuyentará las inversiones, además de poner más obstáculos a pymes para seguir sobreviviendo. En este sentido, no creen que sea un buen incentivo que sea el propio Gobierno quien regule la suba de precios, sobre todo en un país en donde es difícil prever la inflación.

Además, consideran que es una actividad privada libre que se realiza en condiciones de competencia, por lo cual sería ilegítimo que el organismo de aplicación sea quien fije el marco regulatorio del mismo.

Otro de los argumentos es que el DNU 690/2020 «desconoce los derechos de propiedad de los licenciatarios, destruye la mínima seguridad jurídica necesaria para brindar un horizonte de previsibilidad a servicios que exigen de permanentes y millonarias inversiones para funcionar».

En cambio, por parte del Estado, consideran que a través del DNU, el Estado recuperaría herramientas de control y regulación de precios, calidades, tipo de servicio y universalidad.

Es decir, congelar los precios, y al mismo tiempo crear planes inclusivos para aquellas personas que lo necesiten.

Según analistas privados, está demostrado que declarar a las telco como servicio público esencial es negativo para el sector: que dependa del Gobierno la suba de precios no es un buen incentivo, menos que menos en un contexto de inflación que rompe pronósticos oficiales.

Tampoco es un buen guiño que hayan roto los contratos existentes sobre 4G e Internet, en donde no había intervención de precios por parte del Gobierno. De esta manera, las compañías telco están obligadas a invertir, tirar fibra, antenas, etc., pero sin reglas claras.

Hace pocas horas, Roberto Nobile, CEO de Telecom, aseguró que si el Gobierno sigue con su idea sobre las telco y la regulación de tarifas, se podrán en juego hasta 4,5 puntos del PBI.

En una entrevista con Bloomberg Línea, el ejecutivo expresó que la pandemia y consecuente cuarentena y aislamiento, le generó una caída a la empresa y un 30% menos de ingresos para Telecom.

Tras el polémico DNU 690, el diálogo con el Gobierno se cortó y «la industria en su totalidad debió acudir a la Justicia para poder funcionar como lo venía haciendo hasta el momento», comentó el CEO de Telecom.

«Los productos de telefonía fija, por ejemplo, y todo lo que era video, banda ancha y móvil tuvieron un incremento en marzo del año pasado. Ese fue el último aumento. Y trabajamos muy cerca con el Gobierno y para acompañar a los clientes en lo que fue el proceso de aislamiento. De hecho, estuvimos siete meses sin cortarle el servicio a quien no podía pagarlo», recordó Nobile.

Y agregó que «una cosa es la coyuntura y otra cosa es cambiar las reglas de juego de una industria de más de 200 empresas con niveles de uso y de servicio que son realmente elogiables y una dinámica competitiva enorme».

Primero Telecom, luego Telecentro y DirecTV

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a Telecom Argentina ante un recurso de apelación y dictó una medida cautelar a su favor que suspende los artículos 1 al 6 del DNU 690/2020 que habían declarado como Servicio Público Esencial a las telecomunicaciones.

Luego, la Justicia admitió la medida cautelar que pidieron de forma conjunta las empresas Telecentro y DirecTV contra el mismo DNU.

Esto significa que las compañías no necesitan el aval del Enacom y podrán seguir estableciendo los precios que más le convengan sin autorización.

El Enacom

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, en diálogo con iProfesional, aseguró que «lo que estamos esperando es que la Corte intervenga. El Presidente ratificó lo que ya está en una ley, ratificado por el Senado, y que no fue declarado inconstitucional».

Además aseguró que la idea del Gobierno de Alberto Fernández va en línea con los que aspiran otros países de la región, como Colombia -en donde ya se convirtió en Ley- y Chile, que la está discutiendo en el parlamento.

Sobre los fallos de la Justicia a favor de Telecom, Telecentro y DirecTv, Gustavo López explicó que esa medida cautelar «cae en octubre» y consideró que «no puede la Justicia suspender la norma si está vigente».

En este sentido, «el Presidente sostiene que es un servicio público y manda un mensaje político a las empresas» en línea con lo que está haciendo «América Latina y hasta el mundo».

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Con respecto a la relación con las empresas, aseguró que «mantenemos abierto el diálogo, pero en este momento ellos optaron por la vía judicial. Necesitamos que la justicia resuelva y retomar el diálogo«.

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